Aunque los inicios de la reforma democrática del Estado mexicano están en la década de los años ochenta, es en el 2000 cuando las nuevas instituciones rinden sus frutos al facilitar la alternancia en el nivel federal. Los pequeños avances habían permitido mayor limpieza en los procesos electorales así como el reconocimiento de los triunfos de la oposición en los municipios, los estados y los congresos local y federal, sin llegar a la cumbre del poder nacional, la Presidencia de la República.